La delgada linea roja

Se ha ido la semana del 25S y las expectativas creadas en torno a la manifestación no han defraudado. Para lo bueno y para lo malo, puede constituirse la fecha en un punto de inflexión de cara al futuro político y social en el Estado español. Un antes y un después que marca el salto cualitativo en ambos sentidos: el de la protesta social, y también el de la represión politica/policial.

Suelen ser difusas las líneas en ambos lados y, sin embargo, tanto lo movilización social como las llamadas fuerzas de (in)seguridad parecen saber inconscientemente hasta donde resistir o tensar las cuerdas –según sea la posición-. Manifestación y represión históricamente han ido de la mano, porque a ningún poder le gusta la protesta y siempre –indefectiblemente- deposita en la obediencia debida de la policía (¿o a estas alturas deberíamos decir servil?) la función de asustar, contener, frenar a fuerza de porras y disparos, cuando ya todo el resto del aparato aliado –léase sindicatos mayoritarios y grandes medios de comunicación- no lo ha podido hacer.

Es cierto, en manifestaciones anteriores, como la marcha minera a Madrid también el Gobierno había mostrado sus garras represivas, pero en general no tanto como en esta misma semana. Lo tenían claro, era un momento importante en el interminable declive de la confianza ciudadana.

De un lado y otro de la línea se sabía que el 25S era la clave, el desafío, por ello en la semana previa hasta se llegó al absurdo de imputar cargos a personas que debatían libremente de política en los parques públicos, bajo la acusación de un posible delito contra “Altos Organismos de la Nación”, tipificado en el Código Penal. Y allí está el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz (el mismo que tuvo el valor de viajar a Irak para investigar el caso del asesinato del camarógrafo José Couso), quien deberá interrogar a ocho de los “peligrosos” organizadores de esta manifestación ciudadana pacífica, que incluso estaba  legalizada por la Delegación de Gobierno. También a las 35 personas detenidas en la manifestación. Disparate jurídico desde donde se lo mire, cuyos argumentos seguramente se caigan por su propio peso y no hacen más que confirmar dos percepciones que todas tenemos: la existencia de una Justicia cada vez más alejada de la población y más vinculada al poder político de turno.

La autoproclamada cumbre social que llamó a movilizarse el 15S fue el último intento de apaciguar los ánimos. El PSOE, sus fundaciones y ONG amigas, los grandes sindicatos, los propios gremios policiales y otras estructuras afines al mantenimiento del status quo (a excepción de los sectores críticos que se sumaron por entender que es momento de ganar la calle), procuró monopolizar la protesta social creciente, apaciguarla. No es casualidad que en la mañana del 16S el periódico “El País” o la propia Televisión Española hablaran de un “otoño sindical caliente”.

Eso es lo querían y quieren, que nada se salga de los carriles convencionales, que el descontento siga detrás de quienes no se plantean no ya una revolución, sino ni siquiera un cambio parcial del modelo, un parche. Ya en septiembre de 2010, cuando la idea de huelga general parecía no tener vuelta atrás, esos mismos sindicatos se sacaron de la chistera una gran manifestación que –dijeron- podía derivar en la pregonada huelga, pero en realidad pocos meses más tarde los mismos firmaron la reforma laboral con el Gobierno del PSOE. Una traición más en el extenso listado de renuncias sindicales.

Pero esta vez no pudieron, y cuando un Gobierno títere del poder económico ya no puede valerse de esas instituciones intermedias para el control social, encuentra como único camino posible la represión. Y en este caso no podían ser menos feroz porque el mensaje debía ser claro, no tanto para quienes habían salido a la calle, sino también –y fundamentalmente- para esa “mayoría silenciosa” de la que se jacta Mariano Rajoy: que sepan que si se suman, esto es lo que les espera. En fin, el ABC de los modelos neoliberales, recortes y represión.

Sin embargo la derrota del poder en esta semana ha sido incuestionable. Primero porque como nunca antes se ha instalado en un sector importante de la sociedad la idea de una reforma constituyente. Esta Constitución ya no nos representa, la idea de una transición idílica se desvanece y con ella el modelo bipartidista se hace añicos. Cuando el hambre asoma y los problemas crecen la gente ya no reclama porque no le bajen el sueldo o le dejen las migajas, sino porque se vayan todos. Y tal vez sea una consigna injusta con quienes si puedan representarnos, pero válida, muy válida para los tiempos que corren. Barajar y dar de nuevo, pero antes, cambiar de naipes.

Es la primera vez que se escucha con tanta fuerza la palabra dimisión y tras más de dos años en la calle en vinculación con el movimiento 15M (esta vez, desde varias asambleas desligado de la manifestación en un error estratégico importante que debería replantearse), la sociedad salió a decir que ya no los quiere, que son ineptos, que es necesario refundar el Estado español, que los culpables vayan presos y las personas, la ciudadanía, sea al fin y al cabo quien lleve las riendas del proceso.

Pero además en este cruce de líneas, es también la primera vez que una multitud decide plantar cara a la violencia policial, no salir en estampida hasta que ya las pelotas de goma arreciaban desde todos los ángulos, en ese encerrona feroz que pudo tener consecuencias mucho más graves de las que tuvo. La gente dijo basta, y puso el cuerpo, y el alma, la mejor respuesta que se podía dar a la violencia y el peor mensaje que podía recibir el Gobierno: el pueblo está de pie…y se está cansando.

Las líneas ya están atravesadas: la conceptual, con un reclamo que se extiende por todo el sur de esta Europa en llamas, pidiendo dimisiones y un proceso constituyente inclusivo. La anímica, porque la sociedad civil ha plantado cara definitivamente y ha vuelto una y otra vez a la calle pese a las amenazas. Y la represiva, con la carta liberada que ha recibido la policía para perseguir a manifestantes y simples viandantes por los andenes del tren o violando domicilios o bares.

En las tres partidas ha salido ganando el movimiento y se debilita –si cabe aún más- un Gobierno que se cae a pedazos, mientras posterga las medidas más salvajes esperando las elecciones territoriales en País Vasco y Galicia. En tanto, el clamor popular crece y sigue atravesando líneas rojas, las que marcan el final de un camino y el comienzo de otro. Jamás creí en aquello de que el pueblo unido jamás será vencido, tal vez sea hora de empezar a hacerlo.