Así, la Consejería General de Empleo de
la Comunidad de Madrid ha empezado a hacer firmar obligatoriamente a las
personas que se encuentran cobrando la prestación del paro el llamado
“Acuerdo Personalizado para el Empleo (APE)”, que consiste en “el acceso
a una carta de servicios”, entre los que se encuentra la “información y
gestión de ofertas de empleo adecuadas, incluyendo las procedentes de
los otros países de la Unión Europea”.
Esta mención no es un dato menor si se tiene en cuenta dos factores determinantes:
- Las “agencias de colocación” como
empresa privada que son, se guiarán por un criterio economicista y de
efectividad, por lo cual la selectividad y gestión de las ofertas
difícilmente repare en el lugar de procedencia del trabajo disponible y
las circunstancias de la persona demandante.
- La firma de este “acuerdo” se
estaría acompañando en forma verbal del recordatorio de que a la segunda
oferta laboral que se rechace, se pierde el derecho a recibir la
prestación.
¿Significa esto que si una persona en
paro declina aceptar una oferta en otro país de la Unión Europea dejará
de percibir la prestación por desempleo? Nadie puede saberlo a ciencia
cierta, lo concreto es que el acuerdo habla de gestión de ofertas
procedentes de otros países de la UE, y algunas paradas y parados han
firmado presionadas pero dejando constancia de su desacuerdo.
Las imposiciones empresariales y del
mercado financiero parecen no tener fin, la reforma laboral más lesiva
en la historia del Estado español marca un retroceso sin igual, y la
suma de prácticas administrativas, como la firma de estos seudo acuerdos
en los que las personas paradas están en clara posición de indefensión,
cierran el círculo de hostigamiento a los sectores más precarizados.
En tanto, ya en 2011 más de catorce mil
españolas y españoles decidieron dejar España para buscar su camino en
otros horizontes alejados de la península, tendencia que a falta de una
estadística oficial, se estima este año crecerá en cifras que hace mucho
no se recuerdan por estos lares.
Las personas que se han ido y se van por
propia voluntad, y aquellas que están aquí, pero a las que hasta para
poder cobrar un derecho adquirido como la prestación por desempleo
ahora se les tienta -¿o amenaza?- con ofertas fuera del país. Unas que
se van, a otras a las que parece el propio Estado las quiere echar.
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