No se trata solo, como ha intentado
astutamente difundir el gobierno, de recortar el derecho de atención a
las personas migrantes (chivo expiatorio sin igual en contextos de
crisis como el actual), sino del paso de un modelo de sanidad pública
universal a otro donde sólo aquellas personas que accedan a la categoría
de “aseguradas” podrán disfrutar de un derecho que debería ser
inalienable a todas las personas. El lenguaje, poderoso como siempre,
marca un cambio de tendencia: quienes éramos usuarios de un sistema de
sanidad pública y universal seremos a partir de ahora asegurados de un
sistema que diferencia en función de la renta los derechos a los que
unos y otros tenemos acceso.
Desde distintas asociaciones se ha
puesto de manifiesto que no debe ni puede quitarse a la población un
derecho de la importancia del acceso a la salud, no solo porque es
inmoral, sino también porque en términos de política sanitaria es del
todo nocivo: es común considerar que negar la asistencia al sistema a
amplios sectores de la población es exponernos a todas las personas a
mayores riesgos de enfermedad y contagio.
Pero además es digno de considerar no
sólo el contenido de la reforma sanitaria sino, una vez más, la forma
con que se ha promulgado: el Decreto Ley que es una fórmula expecional
contenida en el art. 86.1 de la Constutución que establece que “en caso
de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar
disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de
Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las
instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades
de los ciudadanos regulados en el Título Primero, al régimen de las
Comunidades Autónomas, ni al derecho electoral general”.
En rigor, el carácter de “urgencia”
planteado desde el Gobierno está dado por una decisión de aceptar el
mandato de los llamados mercados financieros y ser consecuente con una
política de ajustes y recortes propios de la implementación de un modelo
neoliberal de destrucción del Estado y la “cosa” pública. El Gobierno
no solo no ha justificado la urgencia de su Real Decreto, sino que
además el mismo no contiene medidas provisionales, sino de un cambio
radical en las políticas públicas con modificación directa de distintas
Leyes Orgánicas, cuyo rango es superior y, en puridad, no podrían ser
modificadas por un Decreto Ley.
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La fórmula del Decreto Ley, que el
constituyente consideró excepcional, viene siendo la usada por los
gobiernos para implementar políticas sin permitir que se debatan en el
Congreso y el Senado, frente a la práctica de promulgación de leyes que
debiera tener cualquier proceso democrático. Ésta y otras razones han
sido las dadas por algunas Comunidades Autónomas para solicitar la
declaración de inconstitucionalidad de la norma, sobre la que se deberá
pronunciar el Tribunal Constitucional. En cualquier caso, y sin entrar a
considerar los criterios políticos que suelen contener las decisiones
de este órgano, para cuando se dicte sentencia sobre la misma ya muchas
personas habrán visto recortado su derecho a la salud y, dicho sea de
paso, muchas contratas habrán hecho cantidades ingentes de dinero con el
mismo.
Es también grave cómo el Decreto Ley
viene a poner al personal sanitario en una disyuntiva vital, en una
extrema contradicción. Quienes han decidido estudiar medicina han
realizado un juramento hipocrático que entre otras cosas consagra que
“la salud y la vida del enfermo serán las primeras” de sus ocupaciones. Y
sin embargo, este Real Decreto pretende que nieguen la atención a las
personas “no aseguradas”.
Hasta el momento no son pocas las
iniciativas tendientes a minar las bases de este Real Decreto. Desde lo
legal a través de diferentes Comunidades Autónomas que reclaman su
inconstitucionalidad, pero esencialmente desde la acción colectiva de
una ciudadanía que no se resigna a que una mera decisión política
implique perder derechos para las generaciones que vendrán.
Entre ellas la iniciativa de objeción www.yosisanidaduniversal.net,
creada por hombres y mujeres de sano juicio, dispuestas a pelear contra
la mala ideología. Cara y cruz entre quienes defienden sus derechos, y
quienes se empeñan en robarlos.
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