La Europa Selectiva

Hace mucho tiempo que para la Unión Europea el concepto de migraciones ha dejado de estar vinculado a la libre condición humana de trasladarse. Ahora, el eje rector de las políticas que se implementan se está emparentando a lo estrictamente laboral. Así, las modificaciones efectuadas a la Ley de Extranjería en diciembre de 2009 dan la máxima preferencia a “la ordenación de los flujos migratorios laborales”. Es decir, las personas ya no tienen valor como seres humanos, sino, tan solo, como mera mano de obra.

La idea de Europa Fortaleza, en ese marco, no lo es hacia todas las personas que deseen llegar a estas tierras, sino que se orienta fundamentalmente a una selectividad de la migración según la capacitación profesional. La inclusión en la Ley de una “Tarjeta Azul” destinada a “profesionales altamente cualificados”, marca el camino de las potencias europeas por perpetuar el vaciamiento de los países en desarrollo o llamados del tercer mundo. Ya no basta con quitar sus riquezas naturales y recursos a través del poder trasnacional, sino que ahora vamos por su materia gris.

En tal sentido, con la clara finalidad de amedrentar y criminalizar a los no beneficiarios de esos flujos migratorios selectos, están en actividad en todo el territorio europeo más de 250 Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de diferente tipología y régimen de funcionamiento, lo que en la práctica se traduce en que más de 30 mil personas permanecen retenidas por su simple condición de ser inmigrantes que no tienen su situación regularizada. En algunos países, como Alemania o Irlanda, son directamente las cárceles los espacios destinados a la detención de estas personas, por lo cual de una u otra forma, más que de retención deberíamos hablar de detención.

Este entramado se complementa con otros centros o cárceles en países como Marruecos, Libia, Mauritania o Senegal, que funcionan con fondos que la Unión Europea entrega como parte de convenios de cooperación internacional que cada vez más, se orientan a fortalecer el tamiz migratorio y a externalizar las fronteras del continente.

Fue la aprobación de la Directiva del Retorno en Junio de 2008 la que vino a fijar las coordenadas europeas para impulsar en los diferentes Estados miembros una política cada vez más inhumana, basada en la persecución de la inmigración irregular mediante el reforzamiento y gestión coordinada de las fronteras, de las políticas de visados y los procedimientos de expulsión.

Conocida también como “la Directiva de la Vergüenza”, vino a establecer cuatro principios básicos de la política migratoria europea:

1.- Amplía el tiempo de detención en los CIE a un máximo de 18 meses y permite el internamiento en establecimientos penitenciarios.

2.- Posibilita la deportación de menores de edad cuando instituciones en los países de origen se hagan cargo de ellos, sin reparar en las condiciones y respeto de los derechos básicos que deben corresponder a esos menores repatriados.

3.- Abre la puerta a que el encierro de inmigrantes en los CIE pueda ser ordenado no sólo por la autoridad judicial, sino también por la policía, con el agravante de que el internamiento sea confirmado por un juez “lo más rápidamente posible”, es decir, sin establecer un plazo máximo de tiempo para que se dicte esa confirmación judicial.

4.- Permite la posibilidad de deportación a terceros países.

En Octubre de ese año, el propio Gobierno español “cocinó” con el francés lo que se conoce como el “Pacto europeo sobre Inmigración y Asilo”, tendiente a fortalecer las directrices antes mencionadas y a terminar de atar los posibles cabos sueltos en el nuevo rumbo de la UE.

El talante no llega tras las rejas

Las diferencias entre las bravuconadas del primer ministro italiano Silvio Berlusconi, y el talante de Zapatero se esfuman cuando la fría letra de la Ley de Extranjería española criminaliza a miles de inmigrantes que intentan ganarse honradamente su vida. Alcanza con ver las redadas diarias que se producen en espacios públicos o “leer” en el discurso oficial cómo se culpa a la inmigración de todos nuestros males.

En España funcionan actualmente 9 CIE y ya está proyectado un décimo en Zaragoza, ciudad donde paradójicamente en el marco de la presidencia española de la Unión Europea, se realizará en abril de 2010 la IV Conferencia Ministerial de la UE sobre Inmigración.

Desde Canarias a Madrid y desde Algeciras a Barcelona, no hay CIE que no esté cuestionado por su funcionamiento y deficientes instalaciones. Denuncias judiciales por agresiones y torturas, testimonios desgarradores de personas internas, existencia de celdas de castigo, escándalos sexuales, y una casi nula asistencia médica y social, son solo una parte del rosario de historias que salen de estos auténticos agujeros negros en donde las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y la sociedad civil tienen prohibido entrar, lo que les ha granjeado el nombre de “Guantánamo europeos”.

En tal sentido, se espera la reglamentación de la Ley para ver de qué forma se instrumentará el ingreso de ONG, punto relevante previsto en las modificaciones fijadas en diciembre último. Hasta ahora, solo se sabe que, por ejemplo, para el CIE de Madrid se ha firmado un convenio con Cruz Roja, entidad que recibirá más de 200 mil euros por trabajar dentro de este Centro.

Pese a ese acuerdo, la duda sobre una fiscalización real sigue en el aire, especialmente entre los sectores que piden el cierre inmediato de estos centros. Consideran que el ingreso debe ser para denunciar todas las irregularidades que las personas detenidas y sus familiares se animan a contar apenas en voz baja por temor a represalias policiales. De lo contrario, se estaría legitimando el sistema de impunidad, represión y deshumanización que se ejerce contra las personas internadas.

Para mayor INRI, la nueva Ley ha elevado el tiempo de retención a un máximo de 60 días, y si bien desde el Gobierno se dice que se ha visto obligado a hacerlo para adaptarse a la Directiva del Retorno, la verdad es que ésta no marca en ningún punto un tiempo mínimo de detención, sino un máximo. No hay excusas, España lo ha subido porque quiso.

Dos informes presentados recientemente, “Voces desde y contra los Centros de Internamiento de Extranjeros”, realizado por la Red del Ferrocarril Clandestino, SOS Racismo Madrid y Médicos del Mundo Madrid, y “Situación de los Centros de Internamiento para extranjeros en España”, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) han traído luz a estos verdaderos agujeros negros.

Precisamente en el de CEAR, el propio director del CIE de Aluche, Madrid, declara que a su entender el centro “se debería cerrar, no rehacer, se debería quitar el CIE y convertirlo en sala de espera de la comisaría (la Brigada de Extranjería que funciona en el mismo sitio)…”, y el experto en prisiones Jesús Valverde, afirma que “impresiona la falta de profesionalidad del personal…Considero que el CIE de Madrid es una macro-comisaría, diseñada para una detención máxima de 3 días, pero donde han de vivir personas durante a veces cuarenta y ni las instalaciones ni el personal son los adecuados para ello…”.

Mientras tanto cada vez le resulta más difícil al Gobierno mantener una coherencia entre lo que dice y lo que hace. Su talante, como queda claro, no cuela tras las rejas de la injusticia, la impunidad y la vergüenza.

*** Artículo escrito para publicación de CGT, Ecologistas en Acción y Baladre.